- Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes, indicó que este legislación, concebida originalmente como una herramienta para resguardar los derechos de los pueblos originarios, se ha transformado también en un eje de debate sobre la administración del borde costero, ya que una vez ingresada la solicitud de un espacio costero marítimo, se suspenden automáticamente todas las demás peticiones y concesiones en el área, incluyendo las concesiones marítimas y de acuicultura.
En una nueva sesión de la Comisión de Cámaras Regionales de la Cámara Nacional de Comercio, se revisaron diversos temas relevantes para el fortalecimiento del sector gremial y el desarrollo económico en los territorios, destacando la situación del turismo, los avances legislativos en materia de seguridad y comercio ilícito, y las implicancias de la Ley Lafkenche en la actividad productiva del país.
Durante la reunión, el presidente de la CNC, José Pakomio, dio cuenta de los principales temas de interés para las cámaras regionales, comenzando con el encuentro sostenido con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, en el marco del Mes del Turismo. En la instancia, la autoridad presentó los resultados e indicadores más recientes del sector, los ejes estratégicos para lo que resta de 2025 y 2026, y los próximos hitos en materia legislativa e internacional.
Pakomio expresó la preocupación del gremio por el estancamiento del proyecto de ley de reactivación del turismo, actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado desde el pasado 30 de junio, sin avances pese a su urgencia. “Nuestro sector necesita medidas concretas y oportunas para consolidar su recuperación. Es clave que cada cámara dialogue con sus parlamentarios para evitar que este proyecto quede sepultado bajo el calendario legislativo, la discusión presupuestaria y el año electoral”, enfatizó.
Otro de los puntos abordados fue el avance de tres proyectos de ley impulsados por el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, los cuales recogerán varias de las propuestas elaboradas por el gremio. Entre las medidas destacadas se encuentra la posibilidad de perseguir de oficio los delitos contra la propiedad industrial, el reconocimiento de la falsificación como delito base del lavado de activos, la incorporación de la afectación a la salud pública como agravante en delitos asociados al comercio ilegal, la prohibición del comercio ambulante en un radio de 500 metros de colegios, hospitales y cárceles, y la sanción a compradores en el comercio ambulante no autorizado.
En la oportunidad, se destacó también el éxito del evento “Aysén Day”, organizado por la directora Daissy Mondelo, presidenta de la Cámara de Comercio de Coyhaique, felicitándola por la amplia convocatoria, la calidad de los contenidos y la presencia de autoridades nacionales y regionales.
Posteriormente, se dio paso a la exposición de Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes, el que presentó un análisis sobre los impactos de la Ley Lafkenche y los desafíos que plantea para el desarrollo sostenible del borde costero. El objetivo de esta legislación es establecer Espacios Costeros Marítimos de los Pueblos Originarios (ECMPO) y entregar la administración de estos a comunidades o asociaciones indígenas que hayan ejercido uso consuetudinario de dicho espacio, es decir que hayan hecho uso pesquero, religioso, recreativo y medicinal al menos, en dos ocasiones, en un período de diez años.
Galli explicó que se ha establecido que determinados usos por parte de los pueblos originarios, como los productivos, culturales o religiosos, podrían otorgarles el derecho de administración y uso del espacio costero. La Subsecretaría de Pesca es la encargada de verificar si una solicitud cumple con estos criterios, mientras que la Comisión Regional del Uso del Borde Costero y el Ministerio de Defensa determinan si corresponde declarar un territorio marítimo protegido.
Galli indicó que este mecanismo, concebido originalmente como una herramienta para resguardar los derechos de los pueblos originarios, se ha transformado también en un eje de debate sobre la administración del borde costero, ya que una vez ingresada la solicitud de un espacio costero marítimo, se suspenden automáticamente todas las demás peticiones y concesiones en el área, ya sea sobre el fondo de mar, la columna de agua o la franja de playa de hasta 80 metros tierra adentro, incluyendo las concesiones marítimas y de acuicultura.
El director ejecutivo de Pivotes, señaló que el impacto de este procedimiento es considerable, ya que las tramitaciones suelen extenderse en el tiempo, afectando principalmente a la industria del salmón, pero también al turismo y a otras actividades que dependen del acceso a la costa. En la práctica, una simple solicitud puede paralizar todo el uso del territorio, generando el riesgo de que estas peticiones se instrumentalicen para bloquear actividades productivas legítimas. Por ello, es fundamental que la ley cumpla su propósito original: proteger y garantizar las actividades tradicionales de los pueblos originarios, sin transformarse en un obstáculo para el desarrollo equilibrado y sostenible de las demás actividades presentes en el borde costero.
Posteriormente, Galli dio a conocer las propuestas de Pivotes para un mejor funcionamiento de esta legislación, como aumentar la exigencia del examen de admisibilidad; postergar el inicio de la suspensión a una vez verificado el uso consuetudinario; limitar el plazo máximo de suspensión; permitir expresamente la verificación parcial por CONADI y dotarla de mayor personal, capacidades y presupuesto; eliminar el silencio administrativo positivo en el CRUBC; digitalizar el proceso de otorgamiento de ECMPO y crear una mesa de diálogo integrada por actores relevantes.
Finalmente, José Pakomio señaló que los gremios regionales, especialmente en la macrozona sur, han expresado su inquietud por la forma en que se ha implementado esta ley, la cual “ha terminado por obstaculizar el desarrollo de industrias esenciales como la pesca y la acuicultura, afectando a trabajadores y comunidades costeras”. En ese sentido, resaltó la importancia de avanzar hacia una regulación equilibrada que promueva la convivencia entre la protección del patrimonio natural y el desarrollo económico de las regiones.
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